El derrumbe del techo de la discoteca Jet Set, que ha cobrado hasta ahora la vida de 231 personas, ha puesto en evidencia el deterioro estructural al que pueden llegar edificaciones con décadas de antigüedad y ha revelado un vacío legal en la normativa vigente.
En respuesta, tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso Nacional preparan propuestas legislativas para establecer controles más estrictos, supervisión periódica y sanciones severas contra propietarios que ignoren fallas estructurales en sus inmuebles.
Un nuevo marco legal
El ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, informó este martes que el Gobierno trabaja en un proyecto de ley para reforzar la supervisión de edificaciones antiguas, especialmente aquellas que concentran una alta afluencia de personas, como centros comerciales, escuelas, iglesias y locales de entretenimiento.
“El marco normativo actual solo contempla inspecciones durante el proceso de construcción, pero no regula la supervisión de edificaciones ya terminadas”, explicó Bonilla.
El nuevo proyecto incluiría parámetros técnicos para definir qué inmuebles deben someterse a inspecciones periódicas, en función de su antigüedad, uso y volumen de usuarios.
Esta ley busca cerrar un vacío legal que, según el ministro, quedó expuesto tras la tragedia en el Jet Set.
Propuesta en el Senado
En paralelo, una iniciativa legislativa del senador Pedro Tineo ya cursa en el Senado y propone la creación del Sistema Nacional de Supervisión de Obras Públicas y Privadas con más de diez años de construcción, un órgano que realizaría evaluaciones periódicas a edificaciones antiguas en todo el país, tanto del sector público como privado.
La propuesta establece inspecciones obligatorias cada dos años y la emisión de un certificado de condición estructural que deberá estar visible en lugares de acceso colectivo: negocios, escuelas, hospitales, templos, entre otros.
Multas y clausuras
El artículo 24 de la pieza legislativa contempla un régimen de sanciones que oscila entre 50 y 1,000 salarios mínimos del sector público para propietarios que incumplan recomendaciones de seguridad, oculten información, impidan inspecciones o pongan en riesgo la vida de terceros.
Asimismo, el proyecto prevé que las edificaciones sean clasificadas en cuatro niveles de riesgo, desde “Apta sin observaciones” hasta “Inhabilitada por riesgo estructural”. En este último caso, las obras podrían ser clausuradas temporal o definitivamente.
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Clausura temporal o definitiva del inmueble.
Suspensión de licencias de operación.
Remisión al Ministerio Público en caso de negligencia grave o dolo.
Notificación a aseguradoras, lo que podría impactar el acceso a coberturas.
Publicación oficial de las infracciones.
Inhabilitación temporal para contratos públicos.
Transparencia
La iniciativa también propone la implementación de una plataforma digital de acceso público, donde cualquier ciudadano podrá consultar el estado estructural de edificaciones supervisadas y presentar denuncias. Las autoridades estarían obligadas a responder en un plazo máximo de 30 días.
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Próximos pasos
Tanto el proyecto del Ministerio de Vivienda como el del Senado serán enviados a comisiones para su estudio, debate técnico y eventual presentación ante el pleno.
Ambas propuestas coinciden en un punto central: la urgencia de prevenir nuevas tragedias fortaleciendo el control del Estado sobre las condiciones estructurales de las edificaciones existentes.
